Corte Constitucional ordena el cumplimiento y priorización de la política de sustitución y su relación con la Reforma Rural Integral

Pronunciamiento de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- CCALCP, la Asociación Campesina del Catatumbo- Ascamcat, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana- Coccam Tibú, organizaciones accionantes de la sentencia SU 545 de 2023; en el marco de la sesión del Consejo Asesor Territorial- CAT, instancia de articulación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PNIS convocada para el 26 de junio de 2023 en Cúcuta, Norte de Santander. 

Observaciones de accionantes al CAT

Con la sentencia SU 545 de 2023, notificada el 09 de abril del año 2024, se ampararon los derechos fundamentales de comunidades campesinas vinculadas al PNIS en el departamento de Norte de Santander, población afectada en materia socioeconómica y humanitaria con los retrasos e incumplimientos de los componentes del Programa. El núcleo veredal Caño Indio, conformado por cuatro veredas, es el primer plan piloto de sustitución en el departamento con 347 familias beneficiarias; quienes llevan esperando siete años para la entrega del proyecto productivo y la formalización de la tierra, componentes fundamentales para garantizar el tránsito a cultivos de uso lícito.

Litigio en exigibilidad al Acuerdo de Paz

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Esta decisión constitucional, que estudió las fases de inclusión e implementación del PNIS, declaró el carácter vinculante de los acuerdos colectivos suscritos por las comunidades, los acuerdos individuales en favor de núcleos familiares, y la obligación de las entidades en cumplirlos. En esta providencia también se reiteró la jerarquía de la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada. Y, entre otras, ordenó:

• Al Gobierno Nacional la asignación presupuestal suficiente para asegurar el cumplimiento de lo pactado, de manera integral, coordinada y articulada.
• A la Agencia de Renovación del Territorio- ART y demás entidades del orden Nacional, encargadas de los Programas de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y la Reforma Rural Integral, dispuso que, en el término de seis meses, adoptaran medidas para cumplir los acuerdos celebrados, la implementación de los Planes Integrales de Desarrollo Alternativo- PISDA, el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET y la correcta implementación del PNIS.
• A la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- DSCI, garantizar el funcionamiento de las instancias establecidas en el PNIS. Y, tanto a la DSCI como a la ART para que realice una propuesta de ajuste que permita corregir las fallas de ejecución del PNIS.
• Al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, les exhortó a adelantar los ajustes normativos con respecto al tratamiento penal diferencial.

Se resalta el efecto inter comunis de esta decisión y la expansión de sus órdenes en los municipios de Tibú y Sardinata, en favor de 2986 familias inscritas en el PNIS en Norte de Santander; de ellas, 2684 familias en 101 veredas del municipio de Tibú y 302 familias en 11 veredas del municipio de Sardinata. Y teniendo en cuenta que, según información de ART, en el departamento el número de familias inscritas y preinscritas al Programa asciende a 5000, esta sentencia representa una oportunidad para exigir la política dispuesta en el Acuerdo de Paz, en territorios de la región del Catatumbo y el departamento donde persisten las comunidades en su compromiso de llevar a cabo la sustitución voluntaria.

Con esta sentencia se comprobaron los hechos alegados por los accionantes desde el año 2020, conforme material probatorio recolectado durante los años 2018 y 2019. Y en efecto, se ampararon los derechos a la igualdad, al trabajo, a la participación ciudadana, a la seguridad personal, a defender los derechos humanos, el respeto al principio de confianza legítima y el cumplimiento de buena fe de lo acordado en el punto 4 del Acuerdo Final, por las deficiencias en inclusión, vinculación e implementación al PNIS.

Aunque esta situación ya es de conocimiento de autoridades de orden local, departamental y nacional, así como, de los entes de control, aún no se ha dado cumplimiento a la población. Lo que implica que organizaciones de la sociedad civil continúen haciendo seguimiento de lo ordenado a las instituciones según su competencia: entidades de orden nacional y territorial, Congreso de la República, Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, la DSCI, la ART, el Ministerio Público, CSIVI, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, y la Unidad Nacional de Protección- UNP.

Se advierte que, si bien la sentencia unificada que estudió la implementación del PNIS en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Norte de Santander no decretó el estado de cosas inconstitucionales en atención a los remedios adoptados en este pronunciamiento, las comunidades continuarán presentando sus exigencias y, de mantenerse el incumplimiento por parte de las autoridades, se acudirá a solicitar el estudio frente a dicha vulneración sistemática.

Cartilla pedagógica SU 545 de 2023

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Seguimiento al cumplimiento de la SU 545 de 2023

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